La propuesta aprobada a finales del mes de diciembre contempla impulsar un Pacto de Estado con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas, las autoridades competentes y la sociedad civil que garantice el derecho a una salud mental «universal, pública y de calidad».

Además, impulsará medidas para adecuar las necesidades de los especialistas en salud mental de forma que se reduzca el tiempo de espera para la consulta a un psicólogo o un psiquiatra, con especial atención a los menores de 21 años y un plan orientado a prevenir el suicidio juvenil.